Equipo de investigación: Henry Trujillo, Daniel Zubillaga, Martín Fernández, Florencio Macedo y Sebastián Sansone.
Resumen ejecutivo
La reforma acusatoria de 2017 generó profundos cambios en el sistema de justicia penal uruguayo. El presente estudio tiene como objetivo identificar el impacto de la reforma en la etapa de ejecución de las penas. Para ello se realizaron doce entrevistas semiestructuradas en profundidad a fiscales, jueces y defensores con competencia en ejecución penal. Del análisis de las entrevistas es posible identificar que la ejecución penal es una actividad secundaria en comparación con la de investigar; que es fundamentalmente llevada a cabo por los jueces de ejecución (incluso de oficio); y en la que existe un déficit importante de acceso a la defensa por la falta de recursos ante la masividad. Asimismo, se identifica el control del cumplimiento de la libertad a prueba como un verdadero desafío y como una actividad más trabajosa que el control judicial de la ejecución de la pena privativa de libertad. Se culmina con algunas recomendaciones para las agencias involucradas.
Introducción
Este informe presenta los principales resultados del estudio realizado por el Observatorio Justicia y Legislación (OJL) entre 2023 y 2024 acerca del impacto de la reforma acusatoria en la etapa de ejecución penal. En general, las reformas acusatorias latinoamericanas generaron cambios estructurales en los sistemas de justicia penal, incluyendo el proceso de ejecución de las penas. En anteriores trabajos el OJL había analizado el funcionamiento del nuevo proceso en etapas de conocimiento, pero no se había realizado todavía un estudio sobre la etapa de ejecución. Debe recordarse que en el anterior proceso penal, en Uruguay la función judicial de ejecutar y vigilar el cumplimiento de las penas era asignada al mismo juez de la causa, aunque predominaba una concepción de la ejecución penal en la que se excluía a los jueces de la intervención en los avances de las personas privadas de libertad en el régimen progresivo de cumplimiento de la pena (salvo algunas excepciones).
El Código del Proceso Penal vigente (Ley 19.293 de 2014) dio mayor claridad a la etapa de ejecución, consolidando la normativa sobre la materia, aunque en un contexto de dispersión normativa en el que siguen vigentes antiguas normas penitenciarias. Una vez aprobado el nuevo CPP, las normas procesales sobre ejecución de la pena también fueron objeto de algunas modificaciones antes de su entrada en vigor, incluyendo la regulación del rol de los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia, así como diferentes circunstancias de la ejecución de la pena que requieren la intervención judicial.
El objetivo de la investigación fue describir la implementación del proceso penal en la etapa de ejecución en el marco del código acusatorio. Como objetivos específicos se plantearon: 1) describir los casos que en la práctica son judicializados y los que no; 2) establecer los fundamentos que justifican, en el discurso de los operadores, la intervención judicial en la ejecución; 3) describir la institucionalidad existente para la implementación de la ejecución.
El estudio se realizó con una estrategia cualitativa este trabajo abordará el proceso penal de ejecución con un diseño exploratorio (debido a la novedad del problema) y desde una perspectiva cualitativa. Se realizaron doce entrevistas a fiscales, jueces y defensores de Montevideo, Canelones y Paysandú. Se recopiló la bibliografía nacional en la materia y la normativa emanada de la SCJ...
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