Observatorio Justicia y Legislación

Publicado/actualizado por administrador el lunes 08/07/2019 – 08:50

Informe anual 2018: Antecedentes y marco normativo del nuevo Código del Proceso Penal

A- El trasplante del sistema penal acusatorio a Uruguay B- El proceso de reforma del Proceso Penal en Uruguay: las críticas al proceso penal inquisitivo C- El proceso de reforma del Proceso Penal en Uruguay: los intentos de modificación D- El proceso de reforma del Proceso Penal en Uruguay: la aprobación del nuevo CPP E- El proceso de reforma del Proceso Penal en Uruguay: las contrarreformas F - La normativa que rige al proceso penal uruguayo

A- El trasplante del sistema penal acusatorio a Uruguay La aprobación del Nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en Uruguay es el resultado de un largo proceso que se
fortalece en América Latina a comienzos de la década de los noventa, basado en la promoción del sistema penal acusatorio. En este sentido, los códigos procesales penales de la región, en su mayoría, han sufrido reformas generales tendientes a un cambio de paradigma en la orientación del modelo procesal. Los factores que explican este fenómeno son diversos, desde la búsqueda de un modelo procesal penal más garantista, hasta la influencia de países como Estados Unidos, Alemania o España.

En esta línea, la reforma de la justicia penal en este continente ha sido caracterizada como una política de largo plazo. Esta afirmación hace referencia a una modalidad específica que resulta de la toma de conciencia pública acerca de la necesidad de esa política, así como de las acciones sucesivas de corrección o estímulo que se han ido sucediendo de gobierno a gobierno, más allá del signo político, en un ciclo que no parece haber concluido y que mantiene vitalidad hasta el presente.

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Informe anual 2018: El funcionamiento del nuevo CPP en el primer año de implementación

El Observatorio Justicia y Legislación es un proyecto en el marco del Programa de Desarrollo de Planes Estratégicos para fomentar la Investigación de Calidad en la Universidad, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.

Presenta dos principales objetivos estratégicos: (i) producir insumos para el conocimiento científico del sistema judicial y legislativo en base al desarrollo de sistemas de información que provean datos continuos y confiables, destinados a investigadores, operadores jurídicos y ciudadanía en general; (ii) brindar un espacio de formación en investigación para estudiantes de grado y posgrado, a través de la oferta de pasantías y proyectos de investigación especiales.

Resumen de los principales resultados. Primera etapa: la opinión de los defensores

  • A lo largo del año 2018, el Observatorio tuvo como principal objetivo realizar estudios sobre la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Principalmente, se realizó una encuesta a defensores públicos mediante la aplicación de un formulario autoadministrado, entrevistas semiestructuradas a una muestra de defensores públicos y privados, escuchas de grabaciones de audiencias de formalización y revisión de datos provenientes del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU). El objetivo para el año 2019 es continuar con estos métodos, mejorándolos y ampliándolos a otros actores, como jueces y fiscales.
  • La implantación del principio de igualdad procesal fue uno de los objetivos de la reforma, y la opinión de los defensores tiende a señalar que ese objetivo ha sido cumplido. Esto surge tanto desde la encuesta como desde las entrevistas cualitativas.
  • Los defensores han destacado que la posibilidad de cumplir con las garantías del imputado es una de las innovaciones más relevantes de la reforma penal, porque la defensa se puede ejercer desde el inicio (ya que el defensor toma conocimiento del caso desde las primeras instancias), y porque esto a su vez permite a los defensores controlar la investigación.
  • Esto impacta positivamente en uno de los aspectos más delicados de las etapas iniciales del proceso: el control de detención, ya que la interacción entre la policía y los posibles imputados en el momento del arresto suele ser una fuente de problemas y eventuales violaciones de derechos.
  • Con respecto al control de la detención, la mitad de los defensores encuestados señala que el respeto a las garantías se da siempre, aunque la otra mitad señala excepciones ocasionales, consistentes principalmente en: existencia de maltratos, malas condiciones de detención (falta de higiene, mala o nula alimentación, despojar o impedir el acceso a vestimenta), y detención indebida o detención de menores en seccional policial.
  • No se ha encontrado una posición uniforme de los defensores sobre la relación con los Fiscales y el acceso a la carpeta de investigación. Algunos entrevistados señalan que la relación es muy buena. Otros mencionan dificultades heterogéneas, tendiendo a señalar que depende de quién esté en Fiscalía.
  • Uno de las novedades más destacadas de la reforma, ha sido la introducción de alternativas procesales, en especial el instituto del proceso abreviado. Los defensores con actuación en adultos consideran que es una buena herramienta, aunque algunos plantean dudas para el futuro, temiendo que se desvirtúe.
  • Un problema potencial del uso de proceso abreviado y los acuerdos, es que se dejen de lado garantías en aras de la celeridad y la eficiencia. La mayoría de los defensores, sin embargo, están en desacuerdo con que se haya perdido calidad procesal.
  • En las entrevistas, algunos defensores reconocen debilidades, en especial que muchas veces no se discute el fondo del asunto. Algunos defensores también han opinado que se pierde la posibilidad real de un proceso acusatorio, ya que se dan situaciones en que el juez llega a la audiencia de formalización conociendo el caso.
  • En las entrevistas se señala como un problema el desequilibrio entre los recursos de los equipos de fiscales y de defensores: la Fiscalía dispone de mayor cantidad de fiscales que la cantidad de defensores públicos disponibles. A lo que se suma la falta de recursos apropiados —vehículos para trasladarse, por ejemplo—, en un contexto donde los tiempos son breves y deben entrevistarse con muchos detenidos.
  • Si bien los datos disponibles confirman un mayor número de fiscales que de defensores públicos, debe tenerse en cuenta que la tarea es diferente, por lo que todavía no se puede confirmar esta apreciación.
  • Casi tres de cada cuatro defensores encuestados discrepa con la afirmación de que con el nuevo CPP se esté dejando en libertad a personas que deberían recibir preventiva. En las entrevistas cualitativas se menciona que el uso generalizado del juicio abreviado (que muchas veces incluye sentencia de prisión) es lo que llevaría a disminuir la aplicación de medidas cautelares de privación de libertad. Se agrega también que los fiscales priorizan el obtener acuerdos.
  • Los argumentos predominantes para pedir la prisión preventiva son el peligro de fuga y el riesgo para la víctima o la sociedad. Dentro del peligro de fuga, la principal opción señala que se la asocia a la gravedad del delito. En cambio, el entorpecimiento de la investigación fue solo señalado en una quinta parte de los casos.
  • Un aspecto llamativo es que el peligro de fuga muchas veces se fundamenta en que la persona está en situación de calle (al no tener domicilio hace complejo el seguimiento de la persona con otro tipo de cautelar). Esto hace que personas que podrían obtener una medida cautelar menos gravosa se ven privados de libertad por estar en situación de calle, con el riesgo de profundizar su exclusión.
  • En materia penal de Adolescentes, el hecho de que la privación de libertad sea preceptiva en muchos casos disminuye, en la práctica, el requerimiento de fundamentación.