La Universidad de la República (Udelar) y la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Violentos (Asfavide) acordaron este lunes el asesoramiento y asistencia jurídica a víctimas de la delincuencia —inclusive en los procesos penales—, por parte de la Facultad de Derecho.
El acuerdo también «busca avanzar en el proceso de acercamiento de la Universidad a la realidad que viven las víctimas del delito en nuestro país». En el mismo acto se firmaron otros dos convenios: uno con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para la capacitación laboral, y otro con el área de asuntos sociales del Ministerio del Interior para la contención y seguimiento psicológico.
La actividad se desarrolló en la sede de Asfavide —reacondicionada hace dos años por personas privadas de libertad—, con la participación de los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Trabajo, Ernesto Murro, el rector Roberto Markarian y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte, el director de Inefop, Eduardo Pereyra, el responsable de asuntos sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone, y las anfitrionas: Graciela Barrera y María Luisa Martínez.
El rector se mostró contento por «los uruguayos que quieren hacer cosas tan lindas», y dijo que el acuerdo representó para él «una sorpresa alentadora». Por su parte el decano de Derecho apuntó que éste repara una omisión del actual proceso penal que no contempla la figura de la víctima. Asfavide habilitará un espacio de su sede en Montevideo (Gral. Flores 2419) para la instalación del consultorio, y la Facultad de Derecho proporcionará un equipo técnico integrado por un docente grado 3, un asistente grado 2, y un ayudante grado 1 designados por el Consejo de la Facultad a propuesta del Instituto de Técnica Forense.
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, al mismo tiempo que su función docente, cumple una tarea de extensión universitaria, actuando como una defensoría jurídica gratuita, asesorando y asistiendo en juicio y trámites administrativos, a personas que por su nivel socio-económico se encuentran imposibilitadas de acceder a una asistencia jurídica privada. Ha sido política de la Facultad ampliar esta tarea de extensión, descentralizándola territorialmente creando consultorios jurídicos en barrios de Montevideo (Unión, Sayago, Cerrito de la Victoria y Lavalleja) y en el interior del país (Salto, Paysandú, Maldonado y Bella Unión). Asimismo, es preocupación de la Facultad que esta asistencia no quede limitada a la asistencia en juicio, sino que incluya el asesoramiento y, especialmente la divulgación y promoción de derechos, fundamentalmente en relación a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Fuente: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/39117/refererPageId/12
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