La violencia machista es producto de una sociedad patriarcal, no es un daño colateral.
La violencia contra las mujeres basada en su género es una forma de discriminación y violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y tiene sus raíces en la desigualdad histórica de las relaciones sociales de dominación masculina y subordinación femenina; en la construcción de identidades de género desiguales; en la división sexual del trabajo y en la persistencia de relaciones patriarcales en la esfera familiar.
Nuestro país ha avanzado en normas para prevenir, investigar y sancionar la violencia, el reconocimiento y la protección jurídica ya no es un reto. El desafío es hacer que esas normas jurídicas se cumplan y no retroceder en los avances alcanzados; el desafío es cambiar prácticas y costumbres culturales que mantienen y sostienen esta discriminación.
La pandemia ha profundizado las desigualdades estructurales aumentando la brecha existente; las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas las niñas y las mujeres, se encuentran más expuestas a sufrir las consecuencias.
La prevalencia de los hogares monoparentales encabezados por madres, la falta de distribución equitativa en las tareas de cuidado, la precariedad laboral, el desempleo provocado por la crisis y la ocupación en los sectores de la economía más impactados, afectan desproporcionadamente a las mujeres colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad ante la crisis. La pérdida de autonomía económica está directamente relacionada con una mayor vulnerabilidad hacia la violencia, la discriminación y la exclusión social.
La crisis sanitaria ha generado un incremento de la violencia física, sexual, psicológica, económica y de los femicidios en toda la región. Para muchas niñas y mujeres el aislamiento social tuvo un efecto diferencial, pues el hogar es el lugar de mayor peligro y el confinamiento obliga a que permanezcan encerradas junto a los maltratadores.
Es necesario reconocer que cuando hay violencia contra la mujer basada en su género hay un problema social, no solo individual; para avanzar en la deconstrucción de mandatos machistas y patriarcales así como del sistema que permite y alimenta este tipo de violencia.
Ante la situación excepcional que atravesó y sigue atravesando el país, el Estado debe adoptar medidas extraordinarias, incorporando la perspectiva de género en su respuesta. Deben implementarse medidas integrales y concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra la mujer. Debe cumplirse con el mandato legal y asignarse los recursos necesarios para una efectiva implementación de la Ley 19.580.
Nuestros derechos no están en cuarentena, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia.
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