En este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho reafirma su compromiso por la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres y en particular, el derecho a vivir libres de violencias.
Cada día, y cada 25 de noviembre es necesario insistir en la exigencia de la adopción de políticas públicas integrales que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres en el ámbito familiar, laboral, cultural, en la calle y en todos los espacios que habitamos. (Convención de Belém do Pará, art. .art3)
Cada año hay nuevas víctimas con nuevos nombres y caras, familias con distintos apellidos y aun así cada una de ellas agredidas por la misma violencia que se adapta y encuentra nuevas formas de permear en ámbitos públicos, familiares, íntimos y académicos. Es un día en el que solemos comentar el número de víctimas, que más que un número son vidas interrumpidas absurdamente. Tienen nuevos nombres pero todas ellas fueron agredidas.
Recordamos a las mujeres que mueren anualmente en Uruguay, en las Américas y en el mundo como consecuencia de actos de violencia de los que son víctimas por su condición de mujeres. En Uruguay, la violencia contra las Mujeres tiene su expresión más dura en la violencia de pareja o ex pareja, en lo que va del año, más de 25 mujeres han sido víctimas de esta situación.
Nuevamente marchamos por las que no están, por sus hijos, hijas, por sus familias de las víctimas. También marchamos por las miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en su género a lo largo de su vida.
Marchamos porque no queremos que ocurran más femicidios. Es hora de cambiar la cultura de la muerte, de la impunidad y la indiferencia hacía la vida de las mujeres.
Es necesario y urgente denunciar esta realidad, para que la comunidad uruguaya visibilice la gravedad de la violencia, discriminación y agresión a los derechos humanos de las mujeres.
Exigimos al Estado (autoridades, instituciones públicas y privadas, funcionarios-as públicos) que: (i) cumpla con la normativa vigente (local, regional e internacional); (ii) dote del presupuesto necesario para la implementación de la Ley 19580; (iii) diseñe y ejecute campañas de sensibilización donde se ponga en foco que las vidas de las mujeres son vidas que merecen ser vividas; (iv) la educación formal en todos los niveles integre el desarrollo de este derecho en sus currículas, que de cuenta que la igualdad de género no se decreta sino que precisa de acciones concretas y sobre todo de voluntad política para que el derecho a vivir sin violencias no sea un derecho vacío.
Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho
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