El Consejo de la Facultad resolvió en su sesión de fecha 5 de junio de 2024 promover las siguientes Líneas de Investigación para el bienio 2024-2025, propuestas por el Centro de Investigaciones:
1.- CONSTITUCIONALISMO: incluye el estudio del concepto y tipos de constitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Constitucionalismo latinoamericano. Constitucionalismo e ideología jurídica. Constitucionalismo y Derechos Humanos. Constitucionalismo, filosofía política y moral. Constitución, teoría y ciencia del derecho. Constitución y dogmática jurídica. Constitución, argumentación y decisión judicial. Constitución y sistema político. Constitución, relaciones internacionales y Derecho Global. Constitución y Estado de Derecho. Constitución, economía y justicia de las instituciones. Historia de la Constitución y de las ideas constitucionales.
2.- DERECHO EN LA ECONOMIA DIGITAL: Gran parte de la actividad económica actual se desarrolla a partir de lo digital o en el ámbito digital. Si bien los protagonistas siguen siendo las personas físicas o jurídicas, la realidad actual nos ofrece actos jurídicos digitales unilaterales (por ejemplo: testamentos digitales) o bi o multilaterales (contratos digitales de naturaleza comercial, civil, laboral, etc.) y también objetos o bienes como los activos digitales (entre ellos: obras de arte, variada gama de cripto activos, moneda digital, etc.). Ello sin dejar de considerar, además, que en el mundo digital del Metaverso existen también contratos y activos (propiedades, barcos, terrenos, etc.) que se pueden adquirir y utilizar. La particularidad de esta parte de la economía es la ausencia casi total de regulación, y la gran dificultad de reglamentación por parte de los Estados, que de hecho van cediendo su facultad reguladora a entidades privadas (que algunos se identifican con el concepto de gobernanza global).
3.- ENERGÍAS RENOVABLES y ALTERNATIVAS: La búsqueda, producción y uso de energías renovables y alternativas a las actualmente predominantes, requieren un marco normativo que se adecúe a sus características y las promueva, asegurando su inserción en un modelo de desarrollo sustentable, que sea económicamente viable, socialmente aceptado y ambientalmente compatible. Ello incluye tanto el análisis y la evaluación de la legislación existente, como la identificación de necesidades institucionales y normativas para un segundo cambio de la matriz energética nacional, así como para la atención de los conflictos derivados -entre otros- de los efectos que pueden generar sobre el ambiente o del aprovechamiento de recursos naturales.
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