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La Ley N°19.889 de 2020, de “urgente consideración”(LUC) introdujo, entre otras modificaciones a diversos textos normativos vigentes hasta entonces, reformas al Código del Proceso Penal (Ley N°19.293). En la discusión parlamentaria y en los medios, representantes del oficialismo defendieron los cambios señalando que buscaban restablecer la autoridad y el orden; y que el proceso penal mostraba falencias que debían ser corregidas.

El primero de noviembre de 2017 comenzó la implementación del nuevo CPP. En esos meses se verificó el crecimiento de varios delitos, lo que llevó a que distintos actores interpretaran que la causa había sido la puesta en marcha del proceso acusatorio, denominando a este fenómeno como “efecto noviembre”.

El documento presenta un análisis de las posturas de los distintos partidos políticos a partir de sus programas de gobierno para el período 2020-2025 sobre temas claves del nuevo CPP, como el proceso abreviado, las medidas sustitutivas y la prisión preventiva.

En este documento se presentan algunos de los resultados obtenidos de la encuesta realizada por el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, para analizar las actitudes de los uruguayos hacia el castigo penal. Los datos arrojan una fuerte voluntad de la población de aumentar las penas y una preferencia por la cárcel como mecanismo de castigo del delito.

La mayoría de los códigos procesales penales de América Latina fueron reformados en la década de 1990. En este documento se analizan estos procesos, mostrando cómo en cada país fueron producto de diversas configuraciones causales que las hicieron posibles.

Este documento se redactó en el marco del proyecto “Castigo, delito y proceso penal en Uruguay”, financiado en 2019 por el Fondo Universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República.

El código del proceso penal determina las formas y procedimientos que debe seguir la justicia para resolver el conflicto penal, así como el rol de los diferentes actores involucrados y los pasos a seguir hasta poder establecer un resultado entre las partes. En este documento se presentan las principales modificaciones introducidas por el nuevo código del proceso penal en relación al que rigió hasta 2017 en Uruguay.